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Teorías de la Comunicación II (SUA-FCPyS-UNAM)


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LEGISLACIÓN DE MEDIOS

LEGISLACIÓN DE MEDIOS

La legislación de medios debe entenderse como la forma en que el Estado controla su espacio radioeléctrico y por supuesto, regula el servicio de radiodifusión. Para efectos de la presente exposición, únicamente se tratará el caso mexicano. Para ello retomaremos los principios fundamentales que, en la reformada Ley Federal de Radio y Televisión se contemplan.

La legislación de medios debe entenderse como la forma en que el Estado controla su espacio radioeléctrico y por supuesto, regula el servicio de radiodifusión. Para efectos de la presente exposición, únicamente se tratará el caso mexicano. Para ello retomaremos los principios fundamentales que, en la reformada Ley Federal de Radio y Televisión se contemplan.

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN

TITULO PRIMERO

Principios fundamentales

CAPITULO ÚNICO

Artículo 1o.- Corresponde a la Nación el dominio directo de su espacio territorial y, en consecuencia, del medio en que se propagan las ondas electromagnéticas. Dicho dominio es inalienable e imprescriptible.

Artículo 2o. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el servicio de radiodifusión.

El servicio de radiodifusión es aquél que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido por el Estado precisamente a tal servicio; con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello.

El uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión sólo podrá hacerse previos concesión o permiso que el Ejecutivo Federal otorgue en los términos de la presente ley.

Para los efectos de la presente ley, se entiende por radio y televisión al servicio de radiodifusión.

Artículo reformado DOF 11-04-2006

Artículo 3o. La industria de la radio y la televisión comprende el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas, mediante la instalación, funcionamiento y operación de estaciones radiodifusoras por los sistemas de modulación, amplitud o frecuencia, televisión, facsímiles o cualquier otro procedimiento técnico posible, dentro de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuidas a tal servicio.

Artículo reformado DOF 11-04-2006

Artículo 4o.- La radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de su función social.

Artículo 5o.- La radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán:

I.- Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares;

II.- Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud;

III.- Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana.

IV.- Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales.

Artículo 6o.- En relación con el artículo anterior, el Ejecutivo Federal por conducto de las Secretarías y Departamentos de Estado, los Gobiernos de los Estados, los Ayuntamientos y los organismos públicos, promoverán la transmisión de programas de divulgación con fines de orientación social, cultural y cívica.

Artículo 7o.- El Estado otorgará facilidades para su operación a las estaciones difusoras que, por su potencia, frecuencia o ubicación, sean susceptibles de ser captadas en el extranjero, para divulgar las manifestaciones de la cultura mexicana, fomentar las relaciones comerciales del país, intensificar la propaganda turística y transmitir informaciones sobre los acontecimientos de la vida nacional.

Artículo 7-A. A falta de disposición expresa en esta Ley, en su Reglamento o en los Tratados Internacionales, se aplicarán:

I. La Ley Federal de Telecomunicaciones;

II. La Ley de Vías Generales de Comunicación;

III. La Ley General de Bienes Nacionales;

IV. El Código Civil Federal;

V. El Código de Comercio;

VI. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y

VII. El Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo adicionado DOF 11-04-2006

            Por otro lado, en cuanto a concesiones y permisos, la bien llamada Ley Televisa señala:

TITULO TERCERO

Concesiones, permisos e instalaciones

CAPITULO PRIMERO

Concesiones y permisos

Artículo 13.- Al otorgar las concesiones o permisos a que se refiere esta ley, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinará la naturaleza y propósito de las estaciones de radio y televisión, las cuales podrán ser: comerciales, oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o de cualquier otra índole.

Las estaciones comerciales requerirán concesión. Las estaciones oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas o las que establezcan las entidades y organismos públicos para el cumplimiento de sus fines y servicios, sólo requerirán permiso.

Artículo 14.- Las concesiones para usar comercialmente canales de radio y televisión, en cualesquiera de los sistemas de modulación, de amplitud o frecuencia, se otorgarán únicamente a ciudadanos mexicanos o a sociedades cuyas socios sean mexicanos. Si se tratare de sociedad por acciones, éstas tendrán precisamente el carácter de nominativas y aquéllas quedarán obligadas a proporcionar anualmente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la lista general de sus socios.

Artículo 15.- La instalación de una difusora de radio que vaya a operar retransmitiendo o enlazada permanentemente a otra que no era recibida anteriormente en la localidad en que pretenda ubicarse, será considerada como una estación nueva y, en consecuencia, deberá llenar todos los requisitos respectivos.

Artículo 16. El término de una concesión será de 20 años y podrá ser refrendada al mismo concesionario que tendrá preferencia sobre terceros. El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta ley.

Artículo reformado DOF 11-04-2006

Artículo 17. Las concesiones previstas en la presente ley se otorgarán mediante licitación pública. El Gobierno Federal tendrá derecho a recibir una contraprestación económica por el otorgamiento de la concesión correspondiente.

Artículo reformado DOF 27-01-1970, 11-04-2006

Artículo 17-A. La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación el programa de concesionamiento de frecuencias de radiodifusión.

Para determinar la ubicación de las estaciones de radiodifusión y las demás características de las frecuencias que serán licitadas, la Secretaría considerará:

I. Los fines de la radio y televisión previstos por el artículo 5 de la presente ley;

II. Las condiciones del mercado del servicio de radiodifusión en la plaza o región de que se trate, y

III. Las solicitudes que, en su caso, le hayan sido presentadas previamente por los interesados.

Cualquier interesado podrá solicitar dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación del programa, que se liciten frecuencias y coberturas geográficas adicionales o distintas de las ahí contempladas. En estos casos, la Secretaría resolverá lo conducente en un plazo que no excederá de 30 días naturales.

Artículo adicionado DOF 11-04-2006

Artículo 17-B. La Comisión deberá publicar la convocatoria para la licitación de nuevas concesiones en el Diario Oficial de la Federación, poniendo a disposición de los interesados las bases de la licitación en un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir de la citada publicación.

Artículo adicionado DOF 11-04-2006

Artículo 17-C. La convocatoria deberá contener:

I. Frecuencia a través de la cual se prestara el servicio objeto de la licitación, potencia y zona geográfica de cobertura;

II. Los requisitos y plazos que deberán cumplir los interesados en participar en la licitación; y

III. Formas de adquisición de las bases de licitación.

Artículo adicionado DOF 11-04-2006

Artículo 17-D. Las bases de licitación deberán contener:

I. Procedimiento y plazos;

II. Información y documentación que se requerirá de los solicitantes;

III. Montos y formas de las garantías y derechos que deberán cubrir los participantes;

IV. Especificaciones de los requisitos señalados en el artículo 17-E, y

V. Modelo del título que será otorgado.

Artículo adicionado DOF 11-04-2006

Artículo 17-E. Los requisitos que deberán llenar los interesados son:

I. Datos generales del solicitante y acreditamiento su nacionalidad mexicana;

II. Plan de negocios que deberá contener como mínimo, los siguientes apartados:

a) Descripción y especificaciones técnicas:

b) Programa de cobertura;

c) Programa de Inversión;

d) Programa Financiero, y

e) Programa de actualización y desarrollo tecnológico.

III. Proyecto de producción y programación;

IV. Constituir garantía para asegurar la continuación de los trámites hasta que la concesión sea otorgada o negada, y

V. Solicitud de opinión favorable presentada a la Comisión Federal de Competencia.

Artículo adicionado DOF 11-04-2006

Artículo 17-F. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción, se prevendrá al solicitante de la información faltante o de aquella que no cumpla con los requisitos exigibles, quien tendrá un plazo de hasta 15 días hábiles, a partir de la prevención de la Comisión, para la entrega de la información requerida.

Si no se hace requerimiento alguno de información dentro del plazo señalado, no se podrá descalificar al solicitante argumentándose falta de información.

Artículo adicionado DOF 11-04-2006

Artículo 17-G. La Comisión valorará, para definir el otorgamiento de la concesión, la congruencia entre el Programa a que se refiere el artículo 17-A de esta ley y los fines expresados por el interesado para utilizar la frecuencia para prestar el servicio de radiodifusión, así como el resultado de la licitación a través de subasta pública.

Artículo adicionado DOF 11-04-2006

Artículo 17-H. Concluido el procedimiento de licitación, quedará sin efecto la garantía que se hubiera constituido para asegurar la continuidad del trámite de solicitud.

Artículo adicionado DOF 11-04-2006

Artículo 17-I. Dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución que declare al ganador de la licitación, éste deberá acreditar el pago de la contraprestación a que se refiere el artículo 17 de esta Ley.

Artículo adicionado DOF 11-04-2006

Artículo 17-J. Una vez acreditado el pago a que se refiere el artículo anterior, la resolución que declare al ganador de la licitación deberá ser presentada al Secretario de Comunicaciones y Transportes para la emisión del título de concesión. A su vez, se deberá notificar a los participantes que no hubiesen sido seleccionados, con fundamento en la misma resolución.

El título de concesión será publicado, a costa del interesado, en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo adicionado DOF 11-04-2006

Artículo 18. (Se deroga)

Artículo reformado DOF 10-11-1980. Derogado DOF 11-04-2006

Artículo 19. Cuando a juicio de la Secretaría las solicitudes presentadas no aseguren las mejores condiciones para la prestación de los servicios de radiodifusión, las contraprestaciones ofrecidas no sean satisfactorias o ninguna de las solicitudes cumpla con los requisitos exigidos en la convocatoria o las bases de licitación, declarará desierto el procedimiento concesionario a que se refiere el artículo 17-B, sin responsabilidad alguna para esa Dependencia.

Artículo reformado DOF 27-01-1970, 10-11-1980, 11-04-2006

Artículo 20. Los permisos a que se refiere la presente Ley se otorgarán conforme al siguiente procedimiento:

I. Los solicitantes deberán presentar, cuando menos, la información a que se refieren las fracciones I, III, IV y V del artículo 17-E de esta Ley, así como un programa de desarrollo y servicio de la estación;

II. De considerarlo necesario, la Secretaría podrá sostener entrevistas con los interesados que hubiesen cumplido, en su caso, con los requisitos exigidos, para que aporten información adicional con relación a su solicitud. Lo anterior, sin perjuicio de la demás información que la Secretaría considere necesario recabar de otras autoridades o instancias, para el cabal conocimiento de las características de cada solicitud, del solicitante y de su idoneidad para recibir el permiso de que se trate.

III. Cumplidos los requisitos exigidos y considerando la función social de la radiodifusión, la Secretaría resolverá a su juicio sobre el otorgamiento del permiso.

La duración de los permisos no excederá de 20 años, renovables por plazos iguales.

Artículo reformado DOF 11-04-2006

Artículo 21. Las concesiones y permisos contendrán, cuando menos, lo siguiente:

I. El nombre del concesionario o permisionario;

II. El canal asignado;

III. La ubicación del equipo transmisor;

IV. La potencia autorizada;

V. El sistema de radiación y sus especificaciones técnicas;

VI. El horario de funcionamiento;

VII. El nombre, clave o indicativo;

VIII. Término de su duración;

IX. Área de cobertura;

X. Las contraprestaciones que, en su caso, el concesionario se hubiere obligado a pagar como consecuencia de la licitación pública prevista en el artículo 17 de esta ley, así como las demás contraprestaciones que se hubieren previsto en las bases de la licitación del procedimiento concesionario;

XI. La garantía de cumplimiento de obligaciones, y

XII. Los demás derechos y obligaciones de los concesionarios o permisionarios.

Artículo reformado DOF 11-04-2006

Artículo 21-A. La Secretaría podrá otorgar permisos de estaciones oficiales a dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada, a las entidades a que se refieren los artículos 2, 3 y 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a los gobiernos estatales y municipales y a las instituciones educativas públicas.

En adición a lo señalado en el artículo 20 de esta ley, para otorgar permisos a estaciones oficiales, se requerirá lo siguiente:

I. Que dentro de los fines de la estación se encuentre:

a) Coadyuvar al fortalecimiento de la participación democrática de la sociedad, garantizando mecanismos de acceso público en la programación;

b) Difundir información de interés público;

c) Fortalecer la identidad regional en el marco de la unidad nacional;

d) Transparentar la gestión pública e informar a la ciudadanía sobre sus programas y acciones;

e) Privilegiar en sus contenidos la producción de origen nacional;

f) Fomentar los valores y creatividad artísticos locales y nacionales a través de la difusión de la producción independiente, y

g) Los demás que señalen los ordenamientos específicos de la materia.

II. Que dentro de sus facultades u objeto se encuentra previsto el instalar y operar estaciones de radio y televisión;

III. Tratándose de dependencias de la Administración Pública Federal, acuerdo favorable del titular de la dependencia;

IV. En el caso de los gobiernos estatales y municipales, acuerdo del titular del poder ejecutivo del Estado o del presidente municipal, según corresponda;

V. En los demás casos, acuerdo favorable del órgano de gobierno de que se trate, y

VI. En todos los casos, documentación que acredite que el solicitante cuenta con la autorización de las partidas presupuéstales necesarias para llevar a cabo la instalación y operación de la estación, de conformidad con la legislación que le resulte aplicable.

Artículo adicionado DOF 11-04-2006

Artículo 22. No podrán alterarse las características de la concesión o permiso sino por resolución administrativa en los términos de esta ley o en cumplimiento de resoluciones judiciales.

Artículo reformado DOF 11-04-2006

Artículo 23. No se podrá ceder ni en manera alguna gravar, dar en fideicomiso o enajenar total o parcialmente la concesión o permiso, los derechos en ellas conferidos, instalaciones, servicios auxiliares, dependencias o accesorios, a un gobierno o persona extranjeros, ni admitirlos como socios o asociados de la sociedad concesionaria o permisionaria, según corresponda.

Artículo reformado DOF 11-04-2006

Artículo 24.- Las acciones y participaciones emitidas por las empresas que exploten una estación radiodifusora, que fueren adquiridas por un gobierno o persona extranjeros, desde el momento de la adquisición quedarán sin efecto para el tenedor de ellas y pasarán al dominio de la nación los derechos que representen, sin que proceda indemnización alguna.

Artículo 25. Los permisos para las estaciones culturales y de experimentación y para las escuelas radiofónicas sólo podrán otorgarse a ciudadanos mexicanos o sociedades mexicanas sin fines de lucro.

Artículo reformado DOF 11-04-2006

Artículo 26. Sólo se autorizará el traspaso de concesiones de estaciones comerciales y de permisos a entidades, personas físicas o morales de orden privado o público que estén capacitados conforme esta ley para obtenerlos y siempre que hubieren estado vigentes dichas concesiones y permisos por un término no menor de tres años; que el beneficiario hubiese cumplido con todas sus obligaciones y se obtenga opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia.

Artículo reformado DOF 11-04-2006

Artículo 27.- Para que una concesión pueda ser transmitida por herencia o adjudicación judicial o cualquier otro título, se requerirá que los causahabientes reúnan la calidad de mexicanos.

Artículo 28. Los concesionarios que deseen prestar servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión a través de las bandas de frecuencias concesionadas deberán presentar solicitud a la Secretaría.

Para tal efecto, la Secretaría podrá requerir el pago de una contraprestación, cuyo monto se determinará tomando en cuenta la amplitud de la banda del espectro radioeléctrico en la que se prestarán los servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión, la cobertura geográfica que utilizará el concesionario para proveer el nuevo servicio y el pago que hayan realizado otros concesionarios en la obtención de bandas de frecuencias para usos similares, en los términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

En el mismo acto administrativo por el que la Secretaría autorice los servicios de telecomunicaciones, otorgará título de concesión para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio nacional, así como para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones, a que se refieren las fracciones I y II, respectivamente, del artículo 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Estos títulos sustituirán la concesión a que se refiere el artículo 21 de la presente Ley.

Los concesionarios a quienes se hubiese otorgado la autorización a que se refiere este artículo deberán observar lo siguiente:

I. Las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y los servicios de telecomunicaciones que se presten en ellas, se regirán por las disposiciones aplicables en materia de telecomunicaciones;

II. El servicio de radiodifusión se regirá por las disposiciones de la presente ley, en lo que no se oponga a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Artículo reformado DOF 11-04-2006

Artículo 28-A. La Secretaría emitirá disposiciones administrativas de carácter general para fines de lo previsto en el artículo 28 de esta ley atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:

I. El uso eficiente del espectro radioeléctrico y de la infraestructura existente;

II. La promoción de la competitividad, diversidad, calidad y mejores precios de los servicios, y

III. El impulso de la penetración y cobertura de servicios.

La Secretaría vigilará que no se afecten en forma alguna los servicios de radiodifusión, ni la implantación futura de la digitalización de los propios servicios.

Artículo adicionado DOF 11-04-2006

Como podemos observar la legislación en la materia tiende a beneficiar a todo aquél que tenga los recursos económicos y tecnológicos; huelga decir que, los grandes consorcios podrán acceder a nuevas concesiones, con lo que se fortalecerá la concentración y el monopolio, o he de decir, duopolio.

            Si bien es cierto que con la Ley reformada se elimina la discrecionalidad, con la que el todo poderoso Ejecutivo de la Nación, a través de su titular, el Presidente de la República, otorgaba las concesiones; ahora tenemos como resultado lo que el ex Senador Javier Corral ya advertía:

"... [La] subordinación de los poderes constitucionales al poder de las televisoras. Siempre he pensado si esta subordinación presidencial en materia de comunicación al poder de dos grandes empresarios de la televisión, tiene su base en un profundo desconocimiento del tema, o en una de las etapas de la estructura conceptual del modelo neoliberal capitalista que continúa acentuándose en el país. Me inclino por creer que esta asociación tiene su mayor base en lo segundo, aunque es evidente la manera en que otros actores cercanos se aprovechan de la ausencia de noción de Estado y desdén por la historia que caracterizan el mandato de Fox. Me refuerza esta idea, el magnífico artículo que Enrique Maza escribió para Proceso la semana pasada: "Con la ´Ley Televisa´, finalmente se articulan lo económico, lo político y lo cultural. Se cerró el círculo. Hacía falta garantizar una población crecientemente alienada, culturizada, adormecida por el aparato ideológico que justifica la acumulación de poder y de dinero".[1]

En el mismo sentido la opinión vertida por el analista Jesús Silva-Herzog Márquez en las páginas de la revista Etcétera:

"...El efecto de la ley puede ser muy grave para la vida pública. Un espacio ya dominado por un par de gigantes ha recibido permiso para hacerse de nuevas plazas. Los medios públicos han quedado definitivamente a la intemperie, más vulnerables que nunca. Justo ahora que necesitamos fortalecer espacios de comunicación pública; radios y televisoras que estimulen la diversidad de ofertas, mensajes y voces, encontramos la decisión del Congreso mexicano de encoger la casa pública, de obstruir la competencia y beneficiar, una vez más, a los mimados. El imperio de lo privado ha quedado protegido de los fastidios de la competencia. La protesta de las emisoras públicas es elocuente: a partir de ahora, escucharemos la monotonía de una sola tonada..."[2]

En un país como el nuestro –México- en el cual la relación entre los medios de radiodifusión –para hablar en los mismos términos que lo hace la Ley-  ha sido siempre de mutua conveniencia, resulta complicado hablar de una legislación de medios que sea congruente, pero sobre todo eficaz.

Desde los tiempos del ex presidente Díaz Ordaz al imponer a los medios los llamados tiempos fiscales – 12.5 % del tiempo aire- hasta el llamado decretazo del 10 de octubre de 2002 de Fox, por medio del cual se eliminaban, la modificación del reglamento de la ley de radio y televisión que tantos beneficios le generó a los empresarios, por ejemplo, en el campo de la publicidad comercial fue enorme, porque antes estaban prohibidos los infomerciales de varias horas y el reglamento los permitió; la política de transición a la televisión digital que fue favorable a los intereses de las televisoras y que todo lo que ellos solicitaron en ese sentido, simplemente la SCT lo ratificó, obviamente con el aval del Ejecutivo; el refrendo de las concesiones hasta 2021; La Ley Televisa y el Acuerdo de Convergencia. Ha sido una relación, no de amor-odio, sino de burda –pero efectiva- conveniencia. Ya lo vimos en las pasadas campañas electorales, con el resultado ya por todos conocido.

En cuestión de legislación de medios, México está en pañales, no por falta de conocimiento, sí por exceso de cinismo.

DERECHO A LA INFORMACIÓN

El derecho a la información es un derecho fundamental reconocido al final del artículo 6º de la Constitución Mexicana desde 1977: "El Derecho a la Información será garantizado por el Estado". Es la garantía fundamental que tiene toda persona para obtener información (noticias, datos, hechos, opiniones e ideas), informar y ser informada, de forma compatible con otros derechos humanos, engloba tanto libertades individuales (libertades de pensamiento, expresión e imprenta) como otras de carácter social (el derecho de los lectores, escuchas o espectadores a recibir información objetiva, oportuna y el acceso a la documentación pública).

Las libertades de expresión, de escribir y de publicar fueron recogidas y protegidas en México desde los orígenes de su derecho constitucional. Tal como documenta Jorge Carpizo[3], los Elementos Constitucionales de 1811, en su artículo 29, establecen la libertad de imprenta en temas científicos y políticos con fines ilustrativos. De las libertades de expresión e imprenta se ocuparon expresamente los artículos 371 de la Constitución de Cádiz de 1812, el 49 de la de Apatzingán de 1814, el 31 del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824, el 50 de la Constitución Federal de 1836, el 9, 10, 11 y 12 de las Bases Orgánicas de 1843 y el 6 y 7 de la Constitución de 1857, predominando el pensamiento de que la libertad supone: libertad de pensar, hablar, escribir, imprimir y hacer todo aquello que no ofendiese los derechos de los demás. Hasta 1867 se puede generalizar que se reconoció y protegió la libertad de expresión y sus manifestaciones más importantes, se prohibió la censura previa en varios documentos constitucionales, las libertades debían ser compatibles con otras como la vida privada, los derechos de terceros, etcétera, y que había una remisión general a leyes específicas para la reglamentación de las libertades y derechos.

En los artículos 6 y 7 de la Constitución de 1857 quedaron plasmadas estas ideas, ratificadas y vigentes en los mismos artículos constitucionales de la actual Constitución de 1917. El artículo 6º de ambas establece:

La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de terceros, provoque a algún crimen o delito, o perturbe el orden público.

Desde 1917, este artículo sólo se ha reformado en una ocasión para adicionarle una oración clave: "El derecho a la información será garantizado por el Estado".

Desde 1917 hasta la actualidad no se reglamentó este derecho, aunque México siguió adhiriéndose a diversos tratados internacionales y en teoría adoptando sus premisas. Como explica Beatriz Solís[4], en 1976 la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas de Comunicación, realizada en San José de Costa Rica bajo los auspicios de la UNESCO y con la participación de 21 países latinoamericanos (incluido México), en el marco del debate internacional sobre la información y la comunicación, se reconoció la existencia de sectores de la población con un aislamiento informativo grave. En sus recomendaciones escritas destaca la responsabilidad de los Estados para determinar políticas nacionales de comunicación -concebidas en el contexto de las propias realidades de la libre expresión y el respecto a los derechos individuales y sociales- y a la necesidad de crear Consejos Nacionales de Políticas de Comunicación en los que participen los grupos interesados y los sectores sociales de base según el derecho interno de cada país.

El derecho a la información constituye así, un complejo de derechos que dicen tener relación tanto con el sujeto que informa, como con quien recibe dicha información.

Así, en relación al informador se estructuran los siguientes derechos[5] se tiene en consideración el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica:

a)     Derecho a investigar y buscar informaciones y opiniones;

b)     Derecho a difundir informaciones de relevancia pública por cualquier medio y opiniones;

c)      Derecho a difundir informaciones u opiniones:

d)     Derecho a no ser censurado ni objeto de restricciones preventivas en forma explícita o implícita, directa o indirecta, a excepción de medidas destinadas a proteger la moral de menores o adolescentes o en casos de estados de excepción constitucional:

e)     Derecho de acceso a las fuentes de información;

f)        Derecho al secreto profesional periodístico y a la reserva de la fuentes;

g)     Derecho a la cláusula de conciencia;

h)      Derecho al acceso y utilización de los instrumentos y medios naturales o tecnológicos necesarios que permitan emitir las opiniones o informaciones.

Por lo que respecta al informado, éste tiene los siguientes derechos:

a)     Derecho a recibir opiniones e informaciones

b)     Derecho a seleccionar la información que recibe y los medios a través de la cual recibirla:

c)      Derecho a ser informado veraz y oportunamente;

d)     Derecho a que sea preservada su honra y vida privada;

e)     Derecho a rectificación o respuesta

f)        Derecho a solicitar la imposición judicial de las responsabilidades civiles y penales en los casos determinados por el ordenamiento jurídico.

Para el caso de México, todo lo anterior es letra muerta, o he de decir abandonada, intocada, olvidada.

Al no haber una ley reglamentaria del artículo 6º Constitucional que garantice de forma eficaz el derecho a la información –en todos los sentidos-, esto se convierte en una irresponsabilidad social, que deviene en una cultura de la ilegalidad y la impunidad en la que nos encontramos inmersos.

ÉTICA

El término ética proviene del griego ethos, que significa el carácter, el modo de ser a través de los actos y los hábitos. La ética de la información, por tanto, se encuentra directamente vinculada al perfil moral del periodista: cómo quiere vivir, cómo se ve a sí mismo, cuáles son las valoraciones morales que aplica al momento de recabar y difundir la información, y qué relación debe existir entre el público y su tratamiento periodístico. La ética es, como dice Hazel Barnes, "un control interior que el individuo ejerce sobre sí mismo", y su fin es el deber para consigo mismo y los demás. Se trata, pues, de una filosofía normativa de la conducta que permite al periodista elegir, entre distintas opciones, cuál debe ser el camino correcto en cuanto a la distribución de los beneficios generados en el ejercicio de su profesión.

Dos puntos están presentes en todas las consideraciones éticas de un periodista: libertad de prensa y responsabilidad. La función social del periodismo radica en que los periodistas ejercen en nombre de la opinión pública —de la sociedad— la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, lo cual implica una responsabilidad moral y política, que debe ser regulada de alguna manera. La formación técnica del periodista profesional es importante, pero no es posible soslayar los aspectos ideológicos, políticos y sociales. Las posibles implicaciones de una información exigen que el periodista desarrolle además su capacidad de análisis, es decir: que busque significados, alcances, límites y consecuencias. Los medios de comunicación tienen la obligación de cumplir sus funciones de manera responsable y evitar trastocar sus funciones de comunicadores a manipuladores.

Según el periodista Marco Lara, la información constituye básicamente un bien público y por ello su canal para llegar a la sociedad —o sea, el medio— es una empresa sui géneris, sin importar que sea de carácter público, social o privado. Es sui géneris porque, cuales sean sus fines explícitos, es una empresa de responsabilidad social.

Recientemente, la exposición pública, en forma de campaña mediática, de un pretendiente a una precandidatura por la presidencia de la república en un partido político de nuestro país por supuestos actos de corrupción lo orilló a declinar en sus aspiraciones, cambiando el escenario de la carrera por la primera magistratura. Fue, sin duda, un conflicto de intereses de repercusión nacional en el que los medios de comunicación actuaron como fiel de la balanza. Ese es el poder de los medios, que de esa manera asumen el papel de protagonistas y no de portadores de la noticia.

Javier Darío Restrepo —maestro de periodismo colombiano— señala que la función de la prensa como "cuarto poder" no reside en su capacidad de hacer escándalo o poner en evidencia; el verdadero cuarto poder, señala, es el poder de la gente informada, quien puede así comenzar a pensar y a actuar para formar paso a paso la sociedad en la que aspira a vivir.

En México, los medios de comunicación suelen actuar sin parámetros claros. Muy pocos cuentan con códigos de ética y todavía son menos los que los hacen públicos, cuando este tipo de instrumentos resultan ser un recurso útil para definir criterios editoriales y transparentar las reglas de su trabajo ante sus auditorios. No contar con uno o no darlo a conocer es una forma potencial de evadir su compromiso con el público al que sirven. De acuerdo con el periodista José Fonseca, "los jueces de cuáles medios se apegan a sus códigos de ética son finalmente los lectores, los radioescuchas y los televidentes. Ellos deciden a quién leen, a quién escuchan, qué noticieros o reportajes ven. Ese es el peor castigo".

Un código de ética no es un reglamento de trabajo; es un conjunto de enunciados que determinan el mejor comportamiento posible por parte de quienes aceptan formar parte del proceso informativo. También puede ser un mecanismo de defensa gremial que ampare a los trabajadores de la información, a fin de que no sean obligados por los dueños de los medios a cumplir con tareas contrarias a esos principios.

No obstante, la carencia de códigos de ética se debe a una resistencia opuesta desde los mismos medios. En su mayoría, el rechazo de los periodistas a la normativa ética se debe a la falta de una formación profesional integral, por lo que es necesario crear y mantener una clara consciencia de lo que es y significa la comunicación social, sus avances y compromisos, su trascendencia y limitaciones. Katia D"Artigues, por ejemplo, comenta respecto a una cuestión ética bien definida: "Estoy de acuerdo con que los personajes públicos tienen derecho a tener y mantener una vida privada respetada por los medios. Pero viene la eterna pregunta, ¿hasta dónde es privada la vida de una persona pública? El caso es típico del periodismo de espectáculos, donde si se aplicara un código de ética estricto desaparecerían muchas publicaciones, programas de televisión y radio".

Además, actualmente no se pude separar la ética informativa de la deontología empresarial, condicionada por el fenómeno de la oferta y la demanda, que tiene como ley la obtención del máximo beneficio al mínimo costo posible, generando una moral egoísta e individualista que conlleva al afán de lucro. El sector económico actúa como grupo de presión sobre el sector profesional de la información, al que pone en trance de traicionar los ideales éticos informativos sometiendo la verdad al lucro y la libertad de expresión y de conciencia a los intereses de accionistas, empresarios y políticos. No cabe alegar de manera simplista que la misión de los comunicadores es informar, como si eso se pudiera hacer de una manera indiferente y aséptica. Los informadores más imparciales esperan al menos una compensación económica justa y un mínimo de aceptabilidad por parte del público. Lo corriente es que se busque algo más. Un comunicador es humanamente incapaz de despojarse de gustos, aficiones o necesidades, con igual dificultad para desentenderse de exigencias sociales, por lo que el conflicto entre ética e intereses personales o de grupo es permanente.

Leonardo Curzio comenta al respecto: "Uno de los riesgos menos sistemáticos, pero no por ello menos potenciales, que afrontan los comunicadores en un contexto dominado por las leyes del mercado, es el de una hipotética censura por parte de los anunciantes. La posibilidad de coartar la libertad de expresión y de información en una economía de mercado no viene solamente del gobierno, el poder de los anunciantes puede ser en potencia excesivo. El dilema de un comunicador frente a una censura de los anunciantes no está considerado explícitamente como un riesgo a la libertad de expresión y me parece evidente que todo poder (el del gobierno, el de los medios y, en este caso, también el de los patrocinadores) debe ser reglamentado para evitar abusos. Un medio debe fijar en su código de ética qué haría en caso de un conflicto de intereses entre una información y un patrocinador. Si decide silenciar la información su autonomía real quedaría en entredicho y si decide publicarla ¿cómo garantizaría su supervivencia?, y, en última instancia, debería anticipar si denunciaría o no la presión del anunciante. Este es un tema escabroso, incómodo, sobre el que, sin embargo, tendremos que pronunciarnos algún día".

Uno de los principales diques para la aplicación de la normativa deontológica en México lo representa la estructura de propiedad de los medios de comunicación en manos del duopolio televisivo y la conversión de la noticia en mercancía. Como recursos para desacreditar los esfuerzos para establecer normas a la actividad profesional de periodistas, los opositores tratan de contraponerlas a la legislación de los medios de comunicación, al derecho a la libertad de expresión y al acceso a las fuentes de información. Aun cuando son campos diferentes que no se confrontan entre sí.

Por su parte, el poder ejecutivo y los concesionarios, en diversos foros y a través de todos los medios a su alcance que no son pocos durante muchos años se manifestaron renuentes a revisar, actualizar, reformar, o derogar cualquier aspecto de nuestro régimen legal en materia de medios de comunicación, intentando convencer a la sociedad de la inconveniencia de hacerlo, de que las cosas estaban bien como estaban, y que lo único por hacer era instrumentar la autorregulación y un código de ética. La modificación de las leyes para los medios electrónicos que por fin se dio el año pasado nada tuvo que ver con la regulación de los contenidos.

Es loable que los concesionarios, los periodistas y los políticos, se conduzcan con autorregulación y apego a principios éticos y, mejor aún, que los apliquen también en su conducta personal. Pero nadie puede estar al margen de las leyes. La autorregulación y los códigos de ética, por excelentes que sean, siempre serán opcionales, es decir, pueden o no ser respetados. Las leyes, en cambio, son normas para regular las relaciones dentro de la sociedad y para garantizar una convivencia armónica y, en un estado de derecho, todos los individuos deben someterse a ellas, es decir, son de acatamiento obligatorio.

La radio lleva 80 años de existencia en el país, la televisión más de 50. No más de 15 grupos controlan la primera, mientras que sólo 2 grandes cadenas acaparan la segunda. El ejecutivo, mientras tanto, sigue siendo el único que puede otorgar o revocar los permisos o las concesiones para operar estaciones de radio y/o televisión. La diversificación de las concesiones es, pues, un asunto de la mayor relevancia, si queremos acceder a vivir en un estado democrático.

Pero para que se dé una diversificación de las concesiones y/o permisos, como la planteada, es menester acabar con la facultad discrecional del ejecutivo en su otorgamiento, que es la que a lo largo de toda la vida de los medios ha permitido construir toda una red de complicidades y relaciones que se antojan perversas, con el propósito de protegerse mutuamente y perpetuarse en el poder, dentro de un sistema que hoy, más que nunca, es incompatible con las aspiraciones de la sociedad y los derechos de la ciudadanía. Lograr esta diversificación es una labor que le corresponde al poder legislativo y que debe anteponerse imperativamente a los códigos de ética.

Sin embargo, no todas las historias son obscuras; también hay historias de lucha y servicio del periodismo a quienes verdaderamente debe rendirlo: sus lectores.

En un punto intermedio entre el código de ética y la ética profesional, existe en algunos diarios un mecanismo que se encarga de coordinar un ejercicio de autocrítica para todo el medio, pues toma en cuenta la perspectiva de los lectores y las contrasta con el trabajo que se lleva a cabo en su periódico. En periódicos como Milenio Diario la defensoría del lector es llevada por un periodista emérito cuyo trabajo es conducir al lector y a sus compañeros periodistas a la profundización y reflexión sobre lo que el contenido de las notas provoca en el público.

La defensoría del lector no es un ejercicio de autocensura. No se trata de coartar la libertad de expresión ni la creatividad en el trabajo periodístico; el trabajo de la defensoría ofrece instrumentos tanto al público como a los trabajadores del medio para reflexionar sobre los contenidos y sus repercusiones.

En pocas palabras, el oficio se ejerce desde el lugar que el propio medio ha designado para ser su conciencia, y su función consiste en recordar que el derecho a la información no es de quien emite, sino de quien recibe la noticia.

¿Será necesario que exista en todos nuestros medios consolidados un defensor del lector? Posiblemente, porque ninguna organización humana puede evolucionar si no ejerce una crítica sobre la pertinencia de su labor.

Pero caemos también en un problema: la competencia y el mercado que imponen a los medios el sensacionalismo y la superficialidad que representa mayores ventas. ¿Es esto lo que se merece el público? ¿Contribuye a hacernos mejores personas exponernos día con día a contenidos que solo reflejan superficialidades y despilfarro? ¿Existe una postura crítica en la sociedad para elegir el tipo de productos culturales que consume? ¿Quién marca la pauta? ¿La sociedad o el mercado? ¿No terminará el "defensor del lector" convirtiéndose en una voz clamando en el desierto?

Por otro lado, el propósito de la formación universitaria no estriba únicamente en preparar a las nuevas generaciones para reproducir la cultura, o desarrollar en los estudiantes capacidades para ejercer una profesión en automático.

Quien accede a la educación superior debe tener la oportunidad de convertirse en un crítico de su realidad, en alguien capaz de innovar y hacer evolucionar su profesión.

Esto es un reto tanto para el docente como para el estudiante. El profesor tiene la responsabilidad de conducir al discípulo hacia la integración de una serie de conocimientos que le permitan desarrollar una propuesta personal sobre el ejercicio de una actividad profesional. El estudiante deberá asumir el reto que significa apropiarse del conocimiento y convertirse en un sujeto promotor de su propio aprendizaje.

El trabajo en la universidad debe conducir a la formación de profesionales reflexivos. En otras palabras, a desarrollar personas capaces de hacer, reflexionar sobre lo que se hace, evaluar el resultado y tomar decisiones para mejorar su capacidad de actuar; personas que entienden el significado del concepto de "responsabilidad social".

Esto implica formar con miras a que los estudiantes que se gradúen de la universidad presenten una serie de características que nos lleven a calificarlos como "profesionales reflexivos" en materia de trabajo periodístico: tener presente el interés de los lectores antes que el propio; enfocar la mirada hacia situaciones que representan auténticos pendientes sociales sobre los que vale la pena llamar la atención para que los lectores comencemos a preocuparnos por resolverlos; pendientes que no se ignoran, pero que de tanto formar parte del paisaje terminamos por acostumbrarnos a ellos; buscar un balance en la información para que sea el lector quien se forme una opinión propia; ayudar a construir y mantener, a través de las noticias, la idea de que la sociedad puede ser más justa y segura si todos ponemos de nuestra parte.

Considerando que los medios producen información, y que esta es resultado del trabajo de los periodistas, el "defensor del lector" saldría sobrando si cada persona que trabaja para el medio ha sido formado como un profesional reflexivo en el sentido de que es capaz de ser crítico con su trabajo, partiendo de la premisa que su función es darle al lector los elementos para que pueda formarse sus propias ideas y tome sus propias decisiones y autónomo, en el sentido de que es él quien se fija y sigue sus propias normas, entendiendo cuál es su responsabilidad social y para con su público. A fin de cuentas, la ética no es un código de conducta, es un saber que se forma a partir de la reflexión sobre la propia experiencia y que nos permite elegir las acciones que llevaremos a cabo.

El trabajo periodístico requiere de una vinculación permanente con la realidad, de vivirse con los cinco sentidos y tener presente, siempre, que como dice Kapuscinsky "los cínicos no sirven para este oficio".

En el último de los casos, en nuestro país parece necesario imponer la obligación a los medios de contar con un código de ética con un contenido genérico mínimo, hacerlo público y crear una comisión permanente ajena a las empresas informativas encargada de regular su observación.

De lo que se trata es de evitar casos como el de Televisa, que emplea repetidamente términos tan imprecisos como razonable, correcto o aceptable como directrices de su código de ética, además de no tratar en absoluto lo directamente relacionado con la transmisión de información. Llega al punto de incluir una cláusula que a la letra dice: "En nuestra Empresa todo trabajador es considerado como una persona que posee: la obligación de tratar a los demás como espera ser tratado". Mientas que Televisión Azteca procura regirse de acuerdo a una escueta serie de principios editoriales y criterios informativos plasmados en un documento cuya primera parte contiene una lista de lo que parecen ser definiciones o reflexiones personales sobre conceptos como libertad de mercado y seguridad pública, y que en su segunda parte presenta trece puntos vagos, de los que, por ejemplo, el quinto es simplemente "no difamar". Por su parte, el diario El Economista cuenta con un código de ética que consta de ocho puntos, generalizados a tal grado que el más extenso consta de 149 caracteres sin contar los espacios.

En cambio, encontramos casos alentadores en los diarios La Crónica de Hoy y El Universal, Once Noticias, Imagen Informativa y Grupo Radio Centro, que poseen códigos más completos y precisos, aunque en el de este último se encuentran errores de redacción tales como, "estamos comprometidos en no comprometer" y "las obligaciones que se contraten a través de cada contrato", lo que habla, por lo menos, de falta de seriedad en su elaboración.

Fuentes de consulta para el apartado sobre ética

Blázquez, Niceto. Ética y medios de comunicación. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1994.

Ramírez, Armando. Ética y profesionalización en el periodismo mexicano.

http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc86/etica.html

Fundación Manuel Buendía. Ética y deontología de la información.

http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/FMB/librosenlinea/codigos/etica.html

Castillo, Luz. Responsabilidad social del comunicador y ética: de la deontología a la defensoría del lector y de ahí al profesional reflexivo y autónomo.

En http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n42/lcastillo.html

Diazmercado, Mario. Código de ética, Autorregulación o Nueva Ley de Comunicación Social.

En http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n17/17mdiazmercado.html

Fonseca, José. Que cada medio publique su código.

http://www.etcetera.com.mx/pag73ne1.asp

D"Artigues, Katia. Un terreno escabroso.

http://www.etcetera.com.mx/pag65ne2.asp

Curzio, Leonardo. Patrocinadores y filtraciones.

http://www.etcetera.com.mx/pag71ne1.asp

Lara, Marcos. Códigos, moda para legitimarse.

http://www.etcetera.com.mx/pag74ne1.asp

Televisa. Código de ética.

http://www.etcetera.com.mx/pag42ne44.asp

El Economista. Código de ética.

http://www.economista.com.mx/corporativo/bienvenido/codigo_etica.html

TV Azteca. Principios editoriales.

http://www.prende.org.mx/info/legislacion/codigos/mex_tvazteca.htm

El Universal. Código de ética.

http://www.eluniversal.com.mx/disenio/directorios06/codigo.htm

La Crónica de Hoy. Código de ética.

http://www.cronica.com.mx/codigo.php

Once Noticias. Código de ética.

http://www.prende.org.mx/info/legislacion/codigos/mex_once.htm

Imagen Informativa. Código de ética.

http://www.prende.org.mx/info/legislacion/codigos/mex_imagen.htm

Grupo Radio Centro. Código de ética para empleados y funcionarios.

http://www.grc.com.mx/grc/grccorp.nsf/vwIMGS/Inver/$File/codigoetica.pdf



[1] Etcétera, abril 2006

[2] Ídem

[3] CARPIZO, Jorge: Nuevos estudios constitucionales, Porrúa, UNAM, México, 2000

[4] SOLÍS LEREE, Beatriz, "El derecho a la información veinte años después. Crónica de un debate", en http://iteso.mx/~jorgee/seminario/solis.htm

[5] LORETI, Damián, El derecho a la información, Buenos Aires, Paidós, 1995, p 20

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Por JUAN SALVADOR OROZCO GONZÁLEZ, JORGE ARTURO PIÑA VILLAFUERTE - 12 de Enero, 2007, 11:10, Categoría: General
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